Las mafias inmobiliarias han acelerado su paso en los últimos meses en Nuevo León, lo que ha provocado un incremento en los casos de despojo e invasión de propiedades.
Estas mafias de “cuello blanco” incurren en una serie de delitos para despojar de una propiedad, desde la falsificación de documentos hasta delincuencia organizada.
En algunos casos, aseguran expertos, se involucra personal ya sea del interior de las notarías o del Registro Público de la Propiedad.
En los meses de enero a mayo de 2025, el delito de despojo se ha incrementado en un 3.5 por ciento, informó la semana pasada el Fiscal Javier Flores.
Ante el Congreso local, la Fiscalía General de Justicia reveló que han detectado bandas locales de “cuello blanco” dedicadas al despojo de inmuebles en la zona conurbada y metropolitana de Monterrey.
Manifestó que este delito se da con mayor frecuencia en municipios como García y Juárez, y que los delincuentes tienen un modus operandi trazado para afectar a la población.
Por su parte, el diputado Javier Caballero Gaona, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso comentó que se realizó una mesa de trabajo para ver qué modificaciones se deben hacer en la ley para detener este tipo de delitos.
Como ejemplo de la forma en qué operan estas bandas criminales, está el caso de una familia de Monterrey, con una propiedad en Santa Catarina, misma que fue adquirida como inversión y que no ha sido habitada por sus propietarios.
Hasta abril, solo en Monterrey se tiene registrada una cantidad de 99 casos de despojo de inmuebles; nueve en Santa Catarina; 59 casos en Juárez y 28 incidencias en el municipio de García, de acuerdo con datos de la Fiscalía.
¿Cómo operan las mafias inmobiliarias?
El año pasado, relató uno de los integrantes de esta familia, al acudir al domicilio, se percataron que estaba habitado por una pareja de la tercera edad, quienes aseguraron haber adquirido el inmueble a un “despacho de abogados”.
Se presentó la denuncia y a los pocos días, inició un juicio que hasta la semana pasada continuaba. El mismo “despacho” que revendió la propiedad se hizo cargo de la defensa de los nuevos habitantes, sin embargo, a los pocos días de iniciado el juicio les abandonó.
Dentro de las diligencias para comprobar la propiedad del inmueble, los afectados notaron que se habían utilizado documentos extraídos del Registro Público de la Propiedad, y que sobre ellos se efectúo la operación.
Incluso, detalló la persona afectada, hubo falsificación de firmas, para hacer parecer que los propietarios originales estaban de acuerdo con la operación de venta.
Esto coincide con las versiones de las autoridades que, durante la reunión en el Congreso local, detallaron que estos grupos de delincuentes se componen de empresarios, abogados y hasta en complicidad con personal de las notarías.
Verficar datos del vendedor
Por tal motivo, Juan Escobedo, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Nuevo León, dijo que al momento de participar en una operación de compra – venta de inmuebles, se debe verificar la identidad del comprador como primer paso.
En segundo término, se recomienda verificar el estado legal del inmueble, libre de gravamen, que se cuente con la posesión quien comercia.
Y cuanto alguna persona es víctima de despojo, debe asesorarse jurídicamente presentar la denuncia y continuar con el proceso hasta que le restituyan la posesión.
“No es que haya habido un incremento en los despojos, ha habido un incremento en denunciarlos. El caso de Doña Carlota impulsó a la gente a asesorarse y a denunciar”, dijo.
Declaró que los despojos son una constante, pero la cultura de la denuncia hasta ahora no había llevado el mismo ritmo.
“Precios atractivos”
El presidente de AMPI declaró que los estafadores suelen detectar propiedades que se encuentran deshabitadas, toman fotografías de estas y las publican con precios muy atractivos.
“Ese precio atractivo, hace que caigan en el engaño”, comentó.
Dijo que en ocasiones, los estafadores pueden estar relacionados con personal de las notarías y que les facilitan documentos para cometer la estafa.
Y que depende del tipo de fraude que pretendan cometer lo que determina si lo hacen en complicidad o de manera solitaria.
“Sí, la ley contempla (cuando hay complicidad) que es delincuencia organizada”, detalló.
Fraudes por Airbnb
Escobedo dijo que se tiene identificado una nueva forma de estafa inmobiliaria a través de Airbnb.
Detalló que consiste en que una persona renta un espacio que se encuentra disponible en la plataforma, toma fotografías del interior y exterior del inmueble, posteriormente, los publica como si se tratara de una propiedad en venta.
Ante la publicación, quienes se interesan en éste, sin saber que están tratando con un estafador, acuden a ver el sitio mientras se encuentra rentado; acto seguido les piden un depósito o entrega de dinero en efectivo para “separar” el inmueble.
Mientras las autoridades reconocen la existencia de mafias de “cuello blanco” que actúan desde notarías, registros públicos e incluso plataformas digitales, las víctimas enfrentan largos y costosos procesos legales para recuperar su patrimonio.
Ante este panorama, expertos y legisladores coinciden en la urgencia de fortalecer el marco jurídico, fomentar la cultura de la denuncia y garantizar que el acceso a la justicia sea una realidad para todos los afectados.
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Congreso local busca endurecer penas por despojo
El Congreso de Nuevo León busca endurecer las penas contra el delito del despojo, por lo cual se presentó una iniciativa para modificar el Código Penal del Estado.
La iniciativa propuesta por el diputado local Javier Caballero señala que se imponga hasta 18 años de cárcel a quien cometa este delito, lo mismo que se apliquen multa por hasta 27 mil pesos a quienes incurran en este ilícito.
¿Qué es el delito de despojo?
El delito de despojo consiste en la ocupación ilegal de un inmueble o el uso indebido de un derecho real que no le corresponde a la persona que lo hace. Este delito se configura cuando alguien toma posesión de un predio, lote o inmueble que pertenece a otra persona, ya sea por la fuerza, mediante violencia o con el uso de amenazas.
Este artículo se publicó originalmente en ReporteIndigo.com
