Ricardo Anaya, coordinador de la PAN en el Senado de la República, acusó que la propuesta para adelantar la consulta de revocación de mandato presidencial a 2027 en lugar de 2028, obedece al “miedo y pánico” del oficialismo ante la pérdida de apoyo ciudadano.
En ese sentido, retó al partido en el gobierno a que aparezca en la boleta la presidenta Claudia Sheinbaum, pero que también se incluya a mandatarios estatales. “Que se agregue a los gobernadores en la boleta para revocarles el mandato a todos esos que tienen vínculos con el crimen organizado”, dijo Anaya Cortés.
“¿Quieren hacer esta jugada de poner a la Presidenta en la boleta en 2027? No les tenemos miedo”, agregó el senador del PAN, agregando que cree que Claudia Sheinbaum puede perder por la caída de su popularidad ante hechos de violencia recientes.
“¿La quieren poner en la boleta? ¡Que la pongan! Nada más que el que se lleva se aguanta, porque si la ponen en la boleta, lo que va a pasar es que se le va a revocar el mandato con el voto de la oposición y de muchos morenistas que la van traicionar”, agregó el panista.
Y agregó: “Lo que muchos quieren es que justamente ella vaya a la boleta para ellos, sobre todo los gobernadores, tener el control en esa elección, poder amenazar a la presidenta”.
Aseguró que la oposición no teme a dicha posibilidad y está dispuesta a “doblar la apuesta”. Y pidió que, en caso de que la ciudadanía revoque el mandato presidencial, no sea el Congreso quien designe al sustituto.
“Si se le revoca el mandato, vamos a una elección constitucional y que vote la gente. No queremos que el Congreso ponga al sucesor, porque entonces el plan ya lo veríamos muy claro: quieren quitar a la presidenta para poner, por ejemplo, al hijo de López Obrador”, dijo.
Nos quieren vender el #PlanMichoacán como una estrategia de seguridad. En realidad, es una suma de mentiras: dinero reciclado, cifras maquilladas y pactos con el crimen. México merece soluciones, no propaganda. pic.twitter.com/3W8CZ9MZwJ
En momentos en los que el Congreso capitalino se prepara para comenzar a tratar el presupuesto económico para el 2026, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, busca intervenir en las discusiones al demandar más recursos para la capital de la capital. En este sentido, adelantó que presentará una serie de propuestas para que parte del predial y el pago del agua se destine directamente a las alcaldías para fortalecer sus capacidades de inversión y mantenimiento urbano.
En un nuevo acto que lideró en el marco de la presentación de su primer informe de gobierno, la edil sostuvo que “Cuauhtémoc aporta más de tres mil millones de pesos al año en impuesto predial y contribuciones por agua, luz, parquímetros y licencias”, pero denunció que “ese dinero no se ve reflejado en nuestras calles, parques y luminarias”. “Lo justo es que los recursos regresen a donde se generan”, remarcó.
“La descentralización real comienza cuando se confía en los gobiernos locales y se les da lo que por ley y por justicia les corresponde. Vamos a defender cada peso para que se convierta en obras, servicios y bienestar para la gente”, enfatizó y agregó: “Cuauhtémoc produce, aporta y hoy exige lo que merece. Vamos a seguir alzando la voz por un presupuesto justo porque el cambio de verdad también se construye con responsabilidad”.
De esta manera, las demandas de la alcaldesa podrían tensionar las discusiones que recién empiezan en el Palacio de Donceles alrededor del presupuesto del año que viene, que el gobierno central tiene tiempo a presentar hasta el 30 de noviembre y que se espera que se apruebe, según pudo saber LPO, a mediados de diciembre.
Cuauhtémoc produce, aporta y hoy exige lo que merece
La presidenta de la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Valentina Batres, adelantó que a partir del 18 de noviembre las autoridades de las 16 alcaldías comparecerán ante el Poder Legislativo para conocer el destino de los recursos públicos ya utilizados y las demandas económicas hacia el año que viene. Además, entre el 1 y el 5 de diciembre harán lo propio las autoridades de los órganos autónomos, como el Tribunal Electoral, la Fiscalía General de Justicia, el Instituto Electoral y la Comisión de Derechos Humanos.
“Queremos saber cómo han gastado las alcaldías, para tener un análisis más robusto sobre cómo orientar los recursos en cada demarcación”, explicó la diputada, quien adelantó que el oficialismo buscará aprobar el proyecto liderado por el secretario de Finanzas, Juan Pablo de Botton, hacia el 15 de diciembre. Asimismo, confirmó que el mismo perseguirá tres objetivos principales: construir tres líneas de Cablebús, mejorar las líneas del Metro y avanzar con las primeras Utopías.
A pesar de que el oficialismo cuenta con los votos necesarios para aprobar el presupuesto sin mayores sobresaltos, las demandas de la alcaldesa amenazan con generar una nueva tensión en el Palacio de Donceles entre Morena y la oposición por el destino de los fondos públicos en un año que será preelectoral, es decir, cuando las distintas autoridades busquen mejorar sus funciones para llegar de la mejor manera posible a las elecciones de 2027.
El ascenso de José Medina Mora como próximo titular del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) obedece a una sintonía muy concreta entre los principales empresarios de denominado Grupo Monterrey y el magnate Antonio Del Valle, hombre fuerte del CMN.
Según revelaron a LPO en el entorno de Del Valle, un criterio determinante fue que Carlos Slim, el empresario más grande del país y cuya fortuna es imposible de disociar del Gobierno, no podía seguir manejando la principal central empresarial a través de Francisco Cervantes. Menos con la renegociación del T-MEC en puerta.
“Esta no es una competencia, en Estados Unidos hay muchas quejas de empresarios y políticos por el papel de Slim en los negocios con el Gobierno, tenerlo al frente del CCE no era una jugada conveniente”, explica un empresario al tanto de las negociaciones que dieron por resultado que Medina Mora se encamine a una candidatura de unidad.
El animo hacia Slim en Washington no es bueno y ya quedó en evidencia en enero cuando buscó acercarse a Donald Trump, acompañado por Cervantes, sin chance alguna. Y es que, mientras públicamente los empresarios estadounidenses hablan del papel preponderante de CFE y Pemex en la energía, por lo bajo el nombre que más mencionan es el de Slim.
En Estados Unidos hay muchas quejas de empresarios y políticos por el papel de Slim en los negocios con el Gobierno, tenerlo al frente del CCE no era una jugada conveniente.
Del Valle inicialmente tenía mayor preferencia por Juan Cortina, pero, finalmente, los industriales del norte lo convencieron de suscribir la opción de Medina Mora, que tiene mejor diálogo con diversos actores del gabinete de Claudia Sheinbaum.
El empresario Antonio Del Valle en Palacio Nacional durante la presentación del primer informe de Claudia Sheinbaum.
La presidenta quedó, en esta elección, en un punto medio. Según mencionan en las centrales empresarias, rechazaba -por recomendación de Altagracia Gómez-, a Cortina mientras que elogiaba tanto las posibilidades de Sofía Belmar como así también Arturo Carranza. Medina Mora asomaba, así como la opción intermedia que terminó por imponerse.
A nivel de política interna, Del Valle venía diciendo desde marzo que los empresarios habían apoyado mucho a Sheinbaum, especialmente con las cuestiones migratorias frente a Trump, pero que a ellos no se los había escuchado en ningún aspecto de la administración, sumado, desde ya, a la reforma judicial. Esta idea, con ciertos matices, también pesó mucho al momento de descartar a los candidatos impulsados por Cervantes y Slim.
Los aranceles que el gobierno federal impuso a las importaciones de azúcar podrían generar nuevas presiones inflacionarias, advirtió la economista Gabriela Siller, directora de Análisis Económico en Banco Base. La medida fue publicada ayer en el Diario Oficial de la Federación mediante un decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que eleva los aranceles de importación hasta 156% para la mayoría de las fracciones arancelarias de azúcar, cacao y jarabes aromatizados, y hasta 210% para el azúcar líquida refinada y el azúcar invertido.
El decreto señala que la decisión busca “implementar los mecanismos necesarios que generen estabilidad en los sectores de la industria nacional y que permitan eliminar distorsiones en el comercio” y atender la “situación de sobreoferta de azúcar en el mercado nacional”, que estaría poniendo en riesgo la rentabilidad de la agroindustria cañera. Hasta este martes, el gobierno imponía aranceles de US$0,36 por kilogramo a algunas importaciones de azúcar.
Según el texto, la medida cumple con los compromisos de México ante la Organización Mundial del Comercio y con la Ley de Comercio Exterior, lo que se interpreta que el arancel no se extenderá a naciones con las que México tiene tratados comerciales, como Estados Unidos y Canadá.
De acuerdo con los cálculos de Gabriela Siller, analista del Grupo Financiero Base, entre enero y septiembre México importó 131.1 millones de dólares en productos azucarados incluidos en este decreto, lo que representa apenas 0.027% del total de importaciones del país. Si se anualiza, serían unos 175 millones de dólares, de los cuales 62% proviene de América del Norte, por lo que el arancel se aplicaría solo a alrededor de 0.01% de las importaciones, equivalentes a 49.6 millones de dólares en los primeros nueve meses del año.
Aun así, Siller advirtió que “los aranceles a las importaciones de azúcar podrían generar presiones inflacionarias sobre productos con alto contenido de azúcar”, ya que se suman al aumento del impuesto a las bebidas azucaradas que prevé la Ley de Ingresos 2026.
Los aranceles a las importaciones de azúcar podrían generar presiones inflacionarias sobre productos con alto contenido de azúcar.
“La demanda por estos productos tiene baja sensibilidad a incrementos en su precio, lo que en economía se conoce como baja elasticidad precio de la demanda”, explicó. Eso significa que los consumidores difícilmente reducirán su consumo, por lo que el impacto se trasladará directamente a los precios.
“Ante la caída de los precios internacionales y la sobreoferta, y en apego a los compromisos internacionales de nuestro país, se actualizaron los aranceles a la importación de azúcar para defender el empleo, fortalecer la producción y el mercado nacional”, escribió la Secretaría en una publicación en X
A través de una publicación en X, el gobierno argumentó que la medida busca defender el empleo, fortalecer la producción y el mercado nacional ” ante la caída de los precios internacionales y la sobreoferta”.
Organizaciones del sector azucarero, que agrupan a más de 12 millones de personas, celebraron la decisión y destacaron que “se restablece la barrera arancelaria que protegió a la industria desde 1994”, la cual se había debilitado por la inflación y la volatilidad de los precios internacionales del azúcar.
En las elecciones del 2027, la Ciudad de México promete ser uno de los escenarios más importantes del país. No solo por ser la capital, sino por el choque de equipos que podría suceder como antesala del gran plato de 2030. Por ello, distintas figuras ya trabajan para comenzar a ganar terreno al interior de la 4T. Una de ellas, por ejemplo, es el actual subsecretario de Seguridad federal, José Luis Rodríguez Díaz de León, quien lidera mítines para promocionar a la figura de Omar García Harfuch en distintas demarcaciones.
Distintas fuentes del partido guinda de la CDMX le aseguraron a esta redacción que, durante los últimos fines de semana, el subsecretario de Política Criminal de la Secretaría de Seguridad lideró encuentros vecinales junto a distintas personalidades de la 4T para promocionar los logros alcanzados por la dependencia que conduce Harfuch en la lucha contra la extorsión, uno de los tópicos más difundidos por dicha oficina.
Sin embargo, según estas mismas fuentes capitalinas, en dichos encuentros vecinales algunos liderazgos de la 4T se encargaron de promocionar a la figura del propio Omar García Harfuch con objetivos políticos y electorales de cara a las elecciones de 2027 y 2030. De esta manera, se podría revivir el conflicto que existió entre los sectores que promocionaron al ahora secretario de Seguridad como candidato a jefe de Gobierno y la finalmente ganadora de dicha disputa, Clara Brugada.
El subsecretario de Seguridad José Luis Rodríguez Díaz de León durante uno de los mítines en favor de Omar García Harfuch.
En este contexto, durante los últimos meses el propio Harfuch ya mantuvo algunas reuniones con figuras de la CDMX. Entre ellas, por ejemplo, el diputado local por Tlalpan que aspira a gobernar la alcaldía Pedro Haces o el presidente de la mesa directiva del Palacio de Donceles, Jesús Sesma, dos hombres que lo apoyaron el año pasado. En este contexto, en la 4T advierten que las casualidades no existen y que los movimientos se podrían acelerar en los próximos meses.
Una de las dudas que todavía persisten, por ejemplo, pasa por determinar si dichas jugadas, que durante los últimos fines de semana incluyeron reuniones vecinales en las alcaldías de La Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, cuentan con la promoción personal del propio Harfuch o, por ahora, sucederían de manera más individual y personal de cada uno de sus operadores. De todas maneras, si su equipo comienza a jugar con fuerza en la CDMX se podría revivir la interna del 2024 en el 2027 y 2030 con consecuencias desconocidas para la 4T.
La dirigencia nacional de Morena instaló el pasado viernes un Consejo Consultivo Nacional, una propuesta original de Andrés Manuel López Obrador presentada en enero de 2011. Se trata de un órgano que guará en la toma de decisiones de la dirigencia, así como para la militancia y las autoridades emanadas del partido obradorista más importante del país.
Al encuentro en el Polyforum Siqueiros de la Ciudad de México, asistieron un total de 76 personas; entre ellos, militantes de la izquierda histórica como Epigmenio Ibarra y Armando Bartra, y escritores obradoristas como Elena Poniatowska y Paco Ignacio Taibo II.
También acompañaron a la dirigencia de Morena familiares de la presidenta Luisa María Alcalde: su madre Bertha Luján Uranga y su padre Arturo Alcalde Justiniani. Además de funcionarios federales en funciones de la talla de Alejandro Encinas, Jesús Ramírez Cuevas, José Alfonso Suárez del Real, la secretaria Citlalli Hernández y Elvira Concheiro.
Los antes nombrados y el resto de los 76 consultores nacionales morenistas, en su mayoría, integraron desde la fundación del partido posiciones de mando y son cercanos a las diferentes organizaciones contra lo que el obradorismo llamó “el régimen neoliberal”.
Por eso llamó la atención la asistencia de la empresaria Paty Armendáriz. La diputada federal de Morena ocupó la vicepresidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) durante la crisis bancaria de 1994-1995. Aquella institución fue clave en la supervisión de los bancos que posteriormente fueron rescatados mediante el Fobaproa.
El Fobaproa fue ampliamente criticado por el propio AMLO, tema al que dedicó más de un libro. La participación de Armendáriz Guerra la vincula directamente con el modelo que impulsó el rescate financiero de los banqueros, al menos eso se recordó entre rumores en el Polyforum Siqueiros. Pese a ello, la empresaria chiapaneca se presenta como defensora del pueblo.
“Formó parte de las decisiones que llevaron al endeudamiento histórico que aún pagan los mexicanos”, reveló a LPO uno de los participantes en la mesa. “La incongruencia es evidente: ayudó a justificar el mayor traslado de deuda privada a la nación, pero hoy busca capitalizar un movimiento que nació precisamente para romper con esas prácticas”.
En respuesta, Alcalde Luján recordó a su círculo más cercano las palabras del propio López Obrador: “Morena es un espacio abierto, plural e incluyente; ahí radica su riqueza”. Y puntualizó que fue el expresidente quien invitó a la chiapaneca a su movimiento. Incluso, además de Patricia Armendáriz, en el Polyforum se encontraba Miguel Torruco Marqués, otro polémico empresario que llegó a la 4T por conducto de AMLO.
Los históricos obradoristas respondieron que no se oponen a la participación de Paty Armendáriz y Miguel Torruco Marqués como simpatizantes, pero insisten en cuestionar su participación en el Consejo que guiará la conducta de los integrantes de Morena, un lugar donde no deberían personajes con un pasado cuestionable. Los Puros como cadeneros.
Tras meses de cabildeos y en medio de una visible fractura interna, la sucesión de Francisco Cervantes está en vías de resolverse: José Medina Mora logró el respaldo unánime de las organizaciones que conforman al Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
En el marco del periodo de inscripción de candidatos para la presidencia del organismo empresarial, Medina Mora figura como candidato único y con el respaldo de los máximos líderes empresariales, aunque aún se prevé un proceso de revisión interna para oficializar el nombramiento en diciembre.
El triunfo del ex presidente de Coparmex y actual vicepresidente del CCE significa un revés para Cervantes, que, a pesar de retener el mandato por dos periodos consecutivos, no logró imponer a su candidata, Sofía Belmar.
Como relató LPO, la candidatura de la actual titular de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) no obtuvo el respaldo del empresariado, un punto clave en contra fue la revisión del T-MEC: para los empresarios no tenía el perfil necesario para esta negociación.
La otra carta de Cervantes -y, hay que decir para ambos casos, también del magnate Carlos Slim- era Julio Carranza, el extitular de la Asociación de Bancos de México (ABM), pero en su caso tampoco consiguió el respaldo del sector bancario.
En la contienda también buscó competir Juan Cortina, ex titular del Consejo Nacional Agropecuario (CNA). Para un sector del empresariado era idóneo en términos de negociación comercial con Estados Unidos al ser uno de los sectores más importantes en la relación bilateral, sin embargo, al final declinó a favor de Medina Mora.
En contraparte, el extitular de Coparmex consiguió el apoyo del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), de Antonio del Valle, y del grupo de Monterrey, que jugó muy fuerte a su favor.
Bajo este panorama, los empresarios parecen apostar esta vez por un perfil más crítico de lo que fueron el mismo Cervantes y su antecesor, Carlos Salazar hacia Palacio Nacional.
Y es que que durante su gestión en Coparmex, Medina Mora tuvo una postura confrontativa, en particular en lo que refiere a las reformas al marco constitucional, un episodio que también le valió críticas a Cervantes por no haber asumido una postura más frontal.
Durante la conferencia matutina de este miércoles, el gobierno expuso a 13 casinos que fueron clausurados tras detectarse actividades de lavado de dinero. Claudia Sheinbaum defendió que hay sustento jurídico para estas acciones.
Desde Palacio Nacional, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch explicó que tras una investigación que inició meses atrás se suspendieron temporalmente y bloquearon estos casinos, así como las cuentas bancarias vinculadas a las operaciones irregulares.
Eso tras detectar patrones en casinos físicos y digitales con operaciones en efectivo y simulación fiscal, con transacciones a países como Rumanía, Suiza, Estados Unidos, Malta y Emiratos Árabes Unidos.
De acuerdo con la procuradora fiscal, Grisel Galeano, operaban a través del uso de grandes sumas de dinero efectivo, redes que movían estos recursos provenientes del extranjero y operaciones para ocultarlo.
Aunque los nombres de los casinos involucrados no fueron detallados, ayer el propio Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego, reveló que dos de ellos les pertenecen, por lo que cuestionaron la acción.
Cuestionada al respecto por la prensa, Sheinbaum descartó que hubiera algún trasfondo político en eso: “todas las indagatorias cuentan con respaldo jurídico y pruebas sólidas”, defendió.
No fue el único cuestionamiento que se le hizo esta mañana a la presidenta sobre las empresas de Salinas Pliego, pues desde su televisora también se han hecho reproches por recientes inspecciones desde la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. En ese sentido dijo que “son revisiones rutinarias que se hacen a cualquier empresa para garantizar derechos laborales”.
Las mafias inmobiliarias han acelerado su paso en los últimos meses en Nuevo León, lo que ha provocado un incremento en los casos de despojo e invasión de propiedades.
Las mafias inmobiliarias han acelerado su paso en los últimos meses en Nuevo León, lo que ha provocado un incremento en los casos de despojo e invasión de propiedades.
Estas mafias de “cuello blanco” incurren en una serie de delitos para despojar de una propiedad, desde la falsificación de documentos hasta delincuencia organizada.
En algunos casos, aseguran expertos, se involucra personal ya sea del interior de las notarías o del Registro Público de la Propiedad.
En los meses de enero a mayo de 2025, el delito de despojo se ha incrementado en un 3.5 por ciento, informó la semana pasada el Fiscal Javier Flores.
Ante el Congreso local, la Fiscalía General de Justicia reveló que han detectado bandas locales de “cuello blanco” dedicadas al despojo de inmuebles en la zona conurbada y metropolitana de Monterrey.
Manifestó que este delito se da con mayor frecuencia en municipios como García y Juárez, y que los delincuentes tienen un modus operandi trazado para afectar a la población.
Por su parte, el diputado Javier Caballero Gaona, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso comentó que se realizó una mesa de trabajo para ver qué modificaciones se deben hacer en la ley para detener este tipo de delitos.
Como ejemplo de la forma en qué operan estas bandas criminales, está el caso de una familia de Monterrey, con una propiedad en Santa Catarina, misma que fue adquirida como inversión y que no ha sido habitada por sus propietarios.
Hasta abril, solo en Monterrey se tiene registrada una cantidad de 99 casos de despojo de inmuebles; nueve en Santa Catarina; 59 casos en Juárez y 28 incidencias en el municipio de García, de acuerdo con datos de la Fiscalía.
¿Cómo operan las mafias inmobiliarias?
El año pasado, relató uno de los integrantes de esta familia, al acudir al domicilio, se percataron que estaba habitado por una pareja de la tercera edad, quienes aseguraron haber adquirido el inmueble a un “despacho de abogados”.
Se presentó la denuncia y a los pocos días, inició un juicio que hasta la semana pasada continuaba. El mismo “despacho” que revendió la propiedad se hizo cargo de la defensa de los nuevos habitantes, sin embargo, a los pocos días de iniciado el juicio les abandonó.
Dentro de las diligencias para comprobar la propiedad del inmueble, los afectados notaron que se habían utilizado documentos extraídos del Registro Público de la Propiedad, y que sobre ellos se efectúo la operación.
Incluso, detalló la persona afectada, hubo falsificación de firmas, para hacer parecer que los propietarios originales estaban de acuerdo con la operación de venta.
Esto coincide con las versiones de las autoridades que, durante la reunión en el Congreso local, detallaron que estos grupos de delincuentes se componen de empresarios, abogados y hasta en complicidad con personal de las notarías.
Verficar datos del vendedor
Por tal motivo, Juan Escobedo, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Nuevo León, dijo que al momento de participar en una operación de compra – venta de inmuebles, se debe verificar la identidad del comprador como primer paso.
En segundo término, se recomienda verificar el estado legal del inmueble, libre de gravamen, que se cuente con la posesión quien comercia.
Y cuanto alguna persona es víctima de despojo, debe asesorarse jurídicamente presentar la denuncia y continuar con el proceso hasta que le restituyan la posesión.
“No es que haya habido un incremento en los despojos, ha habido un incremento en denunciarlos. El caso de Doña Carlota impulsó a la gente a asesorarse y a denunciar”, dijo.
Declaró que los despojos son una constante, pero la cultura de la denuncia hasta ahora no había llevado el mismo ritmo.
“Precios atractivos”
El presidente de AMPI declaró que los estafadores suelen detectar propiedades que se encuentran deshabitadas, toman fotografías de estas y las publican con precios muy atractivos.
“Ese precio atractivo, hace que caigan en el engaño”, comentó.
Dijo que en ocasiones, los estafadores pueden estar relacionados con personal de las notarías y que les facilitan documentos para cometer la estafa.
Y que depende del tipo de fraude que pretendan cometer lo que determina si lo hacen en complicidad o de manera solitaria.
“Sí, la ley contempla (cuando hay complicidad) que es delincuencia organizada”, detalló.
Fraudes por Airbnb
Escobedo dijo que se tiene identificado una nueva forma de estafa inmobiliaria a través de Airbnb.
Detalló que consiste en que una persona renta un espacio que se encuentra disponible en la plataforma, toma fotografías del interior y exterior del inmueble, posteriormente, los publica como si se tratara de una propiedad en venta.
Ante la publicación, quienes se interesan en éste, sin saber que están tratando con un estafador, acuden a ver el sitio mientras se encuentra rentado; acto seguido les piden un depósito o entrega de dinero en efectivo para “separar” el inmueble.
Mientras las autoridades reconocen la existencia de mafias de “cuello blanco” que actúan desde notarías, registros públicos e incluso plataformas digitales, las víctimas enfrentan largos y costosos procesos legales para recuperar su patrimonio.
Ante este panorama, expertos y legisladores coinciden en la urgencia de fortalecer el marco jurídico, fomentar la cultura de la denuncia y garantizar que el acceso a la justicia sea una realidad para todos los afectados.
El Congreso de Nuevo León busca endurecer las penas contra el delito del despojo, por lo cual se presentó una iniciativa para modificar el Código Penal del Estado.
La iniciativa propuesta por el diputado local Javier Caballero señala que se imponga hasta 18 años de cárcel a quien cometa este delito, lo mismo que se apliquen multa por hasta 27 mil pesos a quienes incurran en este ilícito.
¿Qué es el delito de despojo?
El delito de despojo consiste en la ocupación ilegal de un inmueble o el uso indebido de un derecho real que no le corresponde a la persona que lo hace. Este delito se configura cuando alguien toma posesión de un predio, lote o inmueble que pertenece a otra persona, ya sea por la fuerza, mediante violencia o con el uso de amenazas.
La elección judicial de este 1 de junio es inédita, se espera una baja participación; pero los analistas aseguran que llegó para quedarse.
La independencia del Poder Judicial no está garantizada con la elección de jueces y magistrados de este 1 de junio, opinó el analista político José Fredman Mendoza.
Comentó que el hecho de que se vote no garantiza de ninguna manera que se mejore el trabajo del Poder Judicial.
“El voto no purifica las malas prácticas, porque imagínate, tendríamos poderes ejecutivos impolutos y diputados y senadores, pues casi santos”
“La eficiencia la efectividad, este la capacidad institucional no te la puede dar el voto”, comentó.
El también catedrático de la Universidad de Monterrey (UDEM) explicó que si bien, los puestos de jueces y magistrados ya eran un botín político antes de que abriera la posibilidad de elegirlos, ahora se amplía el margen de maniobra que para que otros actores incidan en la elección.
“Otros actores que quizás si se involucraban antes, pero de una manera más marginal, ahora tienen una posibilidad de ir formando ciertos cotos de poder para la composición del Poder Judicial”.
“Por ejemplo, los partidos políticos, las cúpulas o los grupos de los partidos, pues cada partido y cada grupo dentro de los partidos o cada facción dentro de los partidos”, agregó.
Asimismo, se mostró escéptico de que el abstencionismo logre que se dé marcha atrás a la elección judicial.
“La Constitución se reforma con las fuerzas políticas dentro del congreso, y mientras la oposición no tenga la capacidad para poder tener mayorías o para poder negociar esa reforma y ya selección va a ser una realidad, ya es una realidad y lo va a seguir siendo yo creo de aquí a unos buenos años”, comentó.
Detalló que el proceso electoral judicial tendrá que madurar conforme pase el tiempo, y hacer adecuaciones donde se necesite.
Agregó que se requiere repensar la forma actual de la elección judicial, sobre todo en la parte local.
“Hace falta pensarlo a nivel nacional porque aún vemos estados que no tenemos elecciones judiciales locales y creo que eso es un reto, pero también es una oportunidad para esta este nuevo proceso de elección del poder judicial que llegó para quedarse”, añadió.
Corregir para 2027
Criticó la forma en que actores ajenos a la elección se han involucrado, aunque al mismo tiempo, dijo que se presta como área de oportunidad para el 2027, y corregir los errores que se cometieron en esta.
Detalló que en particular son dos cosas en las que tendrían que mejorarse, primero en la reglamentación, y segundo, en cómo evitar que se involucren terceros.
“Ha habido un montón de denuncias, ha habido una serie de injerencias de actores, que en principio no deberían de estar involucrados”.
“Las reglas del juego no están claras, en un proceso ordinario, al menos son tres meses donde la institución electoral tiene que mostrar las reglas en el caso de la elección judicial, y aquí no fue así”, dijo.
Detalló que, como cada elección, se trata de un proceso participativo, cuyas reglas son los pilares en los que se sustenta, por lo cual, los organismos involucrados tendrán que esforzarse por mejorar la parte de la participación ciudadana.
