La Diputada local del PRI, Armida Serrato Flores, solicitó a la Auditoría Superior del Estado (ASE), que haga una revisión a la entrega de apoyos económicos que realiza la Secretaría de Igualdad e Inclusión a través los programas “Hambre Cero”, “Impulso a cuidadoras”, “Incluir para ser iguales”, y “Jefas de Familia”.
Tras entregar la petición ante la Oficialía de Partes del Congreso local, la legisladora señaló que miles de beneficiarios denunciaron desde el mes de agosto del presente año la suspensión de pagos en los programas sociales.
A pesar de que dichas partidas cuentan con presupuestos asignados que, en algunos casos se incrementaron hasta en un 1,800% respecto al ejercicio anterior pasando de aproximadamente 7 millones a más de 140 millones de pesos mensuales.
“Presenté una solicitud para que se haga una auditoría directamente a los programas sociales destinados a las personas que están dentro de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, porque como todos ustedes saben nuevamente no depositó el recurso a los beneficiarios”, apuntó.
“El año pasado también denuncié que de agosto a diciembre no se entregaron los apoyos por parte de gobierno del Estado, y otra vez, en este 2025 curiosamente en el mismo mes de agosto, y ya van dos meses en los cuales miles y miles de beneficiarios no han recibido el apoyo de 800 pesos mensuales”, agregó.
La también presidenta de la Comisión Anticorrupción destacó que, de acuerdo con información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia, la propia Secretaría de Igualdad reportó en el 2024 haber erogado 7 millones 641 mil pesos mensuales durante el periodo en que no se entregaron los apoyos.
“Estoy convencida de que se presumen actos de corrupción graves. No puede ser coincidencia que la suspensión de apoyos ocurra nuevamente después de los procesos electorales, como el año pasado”, señaló.
“Si el Gobierno del Estado y sus funcionarios no tienen nada que esconder, deben permitir que se les fiscalice con total transparencia”, añadió.
Asimismo, Serrato Flores solicitó que, de encontrarse irregularidades o negligencias en el manejo financiero por parte de la Secretaría de Igualdad e Inclusión o de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, se promuevan las acciones legales correspondientes.
Durante la sesión ordinaria, el punto de acuerdo fue turnado a la Comisión Anticorrupción del Congreso, por lo que, la Diputada tricolor advirtió que buscará que este tema sea analizado a profundidad la próxima semana.
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