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El pasado domingo el Gobierno de Guerrero y el Ayuntamiento de Huitzuco, ambos de Morena, conmemoraron el 117 aniversario del natalicio de Rubén Figueroa Figueroa, el exgobernador priista acusado de haber asesinado y desaparecido a miles de personas durante la Guerra Sucia; entre ellos, a los guerrilleros Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas.

Se trata de un personaje al que la izquierda y progresistas han repudiado de manera unánime. Su hijo, Rubén Figueroa Alcocer, quien estuvo presente en el acto, también fue un político priista que llegó a la gubernatura durante tres años (1993-1996), antes de renunciar por el crimen de Estado ocurrido en 1995 donde fueron asesinadas 17 personas. Hecho conocido como la Masacre de Aguas Blancas.

Sin embargo, la familia originaria de Huitzuco mereció un homenaje para el gobierno encabezado por Evelyn Salgado, lo cual despertó la indignación de las redes sociales. Esto provocó que la gobernadora morenista anunciara el despido de la directora de actividades cívicas de la Secretaría de Cultura de Guerrero, Ximena Yareli Muñoz.

Entre los operadores políticos del estado no faltó quien sospechara de una operación de Los Puros de Morena que no se llevan bien con los Salgado. Lo mismo el líder estatal morenista Jacinto González Varona como el superdelegado Iván Hernández simpatizan con Rocío Bárcena, subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación.

De acuerdo con fuentes de LPO en la dirigencia nacional de Morena, Rocío Bárcena Molina pertenece al grupo que dirigió su fallecido esposo, César Núñez Ramos, líder de la izquierda guerrerense y quien en 2021 le apostó a la aspiración de Pablo Amílcar Sandoval, en detrimento de los Sandoval. Félix Salgado habría amenazado a la 4T ese año con boicotear a Morena si su familia no se quedaba con la gubernatura, luego de un pacto con el PRI.

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Eso explicaría la apariciones públicas, incluso registradas en fotografías, entre los Salgado y el dirigente del PRI en Guerrero, Manuel Añorve, quien aspira a la gubernatura en 2027.  Según las mismas fuentes, este acercamiento se trataría de una amenaza velada en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum que detuvo las aspiraciones de los Salgado en la sucesión estatal con las políticas anti-nepotismo en Morena.

Como es ampliamente conocido, la familia Figueroa mantiene una fuerte presencia en el estado el ramo del transporte, las tortillerías y, desde luego, en el Partido de la Revolución Institucional. Un clan priista que ve al clan morenista de los Salgado como competencia, pero como interlocutores con los cuales negociar. Algo imposible con Los Puros y Duros.

El propio senador panista Ricardo Anaya reveló este martes que en el caso de la revocación de mandato no le convendría a Sheinbaum Pardo recorrer del 2028 al 2027 la consulta, simple y llanamente porque quedaría entrampada en la extorsión de los gobernadores que buscan tener el control de los candidatos y las candidaturas. Guerrero sería ejemplo de ello.

Para conseguir que su amago surta efecto, los Salgado habrían empoderado al PRI de Añorve, cuya alianza se habría expresado en los triunfos priistas en las distintas demarcaciones donde Evelyn y Félix Salgado habrían concedido a Los Puros, derrotándolos de manera indirecta.

El gobierno de Claudia Sheinbaum se prepara para aplicar el segundo aumento del salario mínimo de su gestión. Aunque evitó adelantar un número exacto para 2026, la presidenta dejó abierta la posibilidad de repetir un incremento similar al de 2025, del 12%.

Con esta declaración, empieza a perfilarse la continuidad de una de las banderas del lopezobradorismo: la recuperación del salario mínimo que, entre 2018 y 2024, acumuló un alza real de 111%. Pero, por primera vez en años, los analistas advierten que esta estrategia podría estar llegando a su límite y que nuevos aumentos sin mejoras en productividad podrían empezar a jugar en contra de sus propios objetivos.

La subdirectora de Estudios Económicos de Banamex, Paulina Anciola estima que el próximo ajuste podría rondar 11%, y advierte que la política de incrementos durante el gobierno de AMLO “fue positiva para recuperar el ingreso y reducir desigualdades, pero está llegando a su límite”.

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Su lectura es que, sin medidas paralelas para elevar la productividad, como inversión en infraestructura, tecnología, y desarrollo de recursos humano, el alza comenzará a trasladarse a la estructura de costos empresaria -sobre todo en firmas pequeñas y en actividades intensivas en mano de obra-, lo que puede derivar en ajustes de empleo o precios.

“Ya empezamos a ver presiones de precios en servicios de alimentación, como restaurantes y loncherías, intensivos en mano de obra donde los márgenes son reducidos y los costos laborales se trasladan rápidamente”, señaló en diálogo con LPO.

Desde el ámbito social la crítica apunta a equilibrar la brecha entre el salario mínimo general, que rige en la mayoría del país y es de 8,364 pesos, y el de la frontera norte que alcanza 12,596 pesos mensuales.

Fuente: Acción Ciudadana Frente a la Pobreza

Frente a este escenario, la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza propone retomar el modelo de aumentos diferenciados que se aplicó en 2019 y 2020. Su presidente ejecutivo, Rogelio Gómez Hermosillo, plantea que el salario mínimo general, que rige en la mayoría del país, debería aumentar 16%, mientras que el de la frontera norte subir solo 4%.

Gómez Hermosillo considera que el salario fronterizo está sobrevaluado: “El costo de vida no es 50% más alto en la frontera. Esto está generando el cierre de algunas plantas y afecta al empleo. Las empresas se mueven a donde les convenga”. En tanto, el general aún necesita una recuperación más acelerada para acercarse a la meta oficial de 2.5 canastas básicas hacia 2030.

El incremento tendría un impacto directo limitado: alcanzaría a unos 8.5 millones de trabajadores formales, alrededor del 38% de los asegurados en el IMSS, que hoy perciben ingresos por debajo del salario mínimo. Sin embargo, su impacto indirecto es más amplio, por el “efecto faro” que el guarismo genera tanto en los salarios medios, como en el de más de 21 millones de personas en la informalidad, que podrían usar el nuevo referente salarial para justificar aumentos en sus ingresos.

Sin mejoras en productividad, los incrementos podrían trasladarse a precios y presionar la contratación, sobre todo en el sector servicios 

El próximo aumento será definido en diciembre por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), el organismo tripartito integrado por gobierno, empresarios y trabajadores. El resultado puede ayudar a sostener el poder adquisitivo, pero su éxito dependerá de acompañarlo con políticas de productividad, inversión, educación, salud e infraestructura que permitan que el ingreso suba de forma sostenible.

Este miércoles el tema del Zócalo de la Ciudad de México amurallado llegó a la mañanera de Palacio Nacional, donde la presidenta Claudia Sheinbaum justificó las vallas y aseguró que la presencia de integrantes del magisterio disidente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) responde a que “se están juntando con la derecha”.

El reproche de Sheinbaum Pardo subió el tono habitual contra los maestros. “No vemos qué necesidad hay de venir a Palacio Nacional, no tiene que ver con que no hay diálogo, están abiertas las puertas, se va a Oaxaca, incluso a trabajar con ellos. [… ] Ahora resulta que dos días antes que se está llamando una manifestación, casualmente, se van a manifestar”, dijo.

Lo anterior porque los maestros confirmaron que se apostarán en el primer cuadro de la ciudad como lo han hecho antes y hasta que no sean resueltas sus demandas: mayor presupuesto para educación y salud, así como la abrogación de la Reforma Educativa de 2013 y la Ley del ISSSTE de 2007, de acuerdo con Pedro Hernández.

Hernández Morales es secretario de la Sección 9 de la CNTE, ubicada en la CDMX, y fue uno de los que el pasado mayo instalaron un plantón que se levantó horas antes de la realización de la Elección Judicial, la primera en la historia del país. Ahora, sin previo aviso, volvieron al Zócalo en demanda de que se cumplan los compromisos con los sindicalizados.

Caray. pic.twitter.com/WwRKfRMl4m

— Claudio X. González G. (@ClaudioXGG) November 12, 2025

Sin embargo, en la cúpula de la oposición se explican la presencia del nuevo plantón de la CNTE por otras razones. Para este sábado el autodenominado grupo de la Generación Z efectuará una esperada manifestación contra el Gobierno Federal tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Y pese a que será nacional, el acto en la capital del país podría volverse masivo.

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“No es la primera vez que el obradorato usa a la CNTE para sabotear una manifestación en el Zócalo”, escribió en sus redes sociales Fernando Belaunzarán, vocero de la organización opositora Somos México, en referencia al encontronazo de los maestros disidentes y la Marea Rosa en el mismo punto en mayo de 2024, en el cierre de campaña de Xóchitl Gálvez.

“Hoy quieren hacer lo mismo con la marcha de la generación Z y el grupo del Sombrero del próximo sábado”, agregó el exdiputado federal del PRD alimentando la hipótesis de “grupos radicales” al mando del gobierno para generar caos en las calles y desinflar las manifestaciones. “Y se les aparece la CNTE”, escribió el periodista Julio Astillero, endilgando la presencia del magisterio contra la Generación Z. 

En respuesta, desde la CNTE aseguraron sobre la Generación Z y el Movimiento del Sombrero que “no los conocemos, no los descalificamos, pero tampoco vamos a sumarnos ni a estorbar”, aclaró a la prensa Isael González, líder de la CNTE sección Chiapas. “No sabemos quiénes son, cuáles son sus demandas. Nosotros lo que buscamos es justicia laboral, justicia social, porque no sólo luchamos por los derechos de los trabajadores, sino también para que haya educación pública en todo el país”.

No es la primera vez que el obradorato usa a la CNTE para sabotear una manifestación en el Zócalo.López Obrador los mandó tomar la plaza el día del mitin de la Marea Rosa con Xóchitl Gálvez y los ciudadanos les pasaron, literalmente, por encima.Hoy quieren hacer lo mismo con… pic.twitter.com/tgSheLx2f4

— Fernando Belaunzarán (@ferbelaunzaran) November 12, 2025

La deuda de maestros desde el ISSSTELEON, el desabasto de medicamentos y la violencia contra las mujeres fueron los tópicos más recurrentes en la comparecencia de la secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, y la secretaria de las Mujeres, Graciela Buchanan, en el Congreso local.

El coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, así como la diputada del PRI y doctora, Gabriela Govea, hicieron énfasis en la falta de insumos médicos, tanto en hospitales urbanos y rurales, además de la escasez de medicamentos.

“La operación de los hospitales se genera gracias a la intervención de presupuestos federales y estatales. El federal es para infraestructura, pero el estatal sostiene el resto, es el 30% del presupuesto global, de ahí se sostienen los programas de salud pública, hemos contratado más personal y reasignado recurso humano desde las universidades”, dijo la funcionaria.

“Cuando llegamos había hospitales con sólo 30% de surtimiento de recetas. Nosotros trabajamos con proveedores para llegar a surtir 99% y 100%. El tema es la distribución, en eso mejoramos y al cierre de octubre el abasto del proveedor se ubicó en un 98.2% y las recetas en un 87.4%. Algunos pacientes solicitan medicamentos que no conforman el cuadro básico, nosotros nos tenemos que apegar a los lineamientos federales. También hay personas que no se trasladan de zonas rurales a zonas urbanas por su medicamento. Debemos considerarlo al momento de planear un presupuesto para los siguientes años”, agregó.

Por su parte, el legislador local de Morena, Jesús Elizondo, y el priista José Manuel Valdez, arropados por maestros jubilados, cuestionaron al departamento del ISSSTELEON por el adeudo que se le debe a los docentes durante los últimos años. José Hernández negó dicha situación.

“El ISSSTELEON cumple con los requisitos, no se les debe nada a los jubilados. El artículo 16 de la Ley del instituto requiere que el incremento se realice cada año de acuerdo a la inflación. El aumento a los maestros fue de 4.6, a los jubilados fue de 7.82. El presupuesto para pagar a jubilados es un incremento de 700 millones de pesos, la nómina es superior a los 8,500 millones. Se ha cubierto, el próximo año es de más de 9,100 millones”, dijo el titular de la dependencia.

“El tema que refieren ellos es que en algunas ocasiones, en que la inflación ha sido inferior al incremento del personal activo del magisterio, a solicitud expresa, se ha logrado cubrir la diferencia con dos condiciones, que hagan una solicitud y que se haya aprobado la suficiencia presupuestal. En el 2024 la diferencia es enorme, es un incremento de 4.43%, es decir 350 millones, este incremento se hacía cuando hubiera petición y factibilidad para pagarse. En el 2024 no hubo presupuesto y en el 2025 tampoco”, agregó Hernández.

Quien también fue cuestionada por la violencia contra las mujeres y políticas públicas mínimas como los puntos naranjas o aplicaciones de alertas, fue la secretaria de las Mujeres, Graciela Buchanan. Legisladoras como Ailé Taméz del PAN o Perla Villarreal del PRD fueron las encargadas de los embates.

Buchanan reviró: “Por supuesto no me da igual. Rotundamente no me da igual. Si me diera igual no estaríamos generando acciones efectivas para atenderlas… el que haya acoso contra las mujeres no exige a la política pública de ‘muévete sin acoso’, sino en nuevas masculinidades positivas, consideran en que estamos trabajando… tenemos que avanzar en sistemas más tecnológicos, es insuficiente que sólo se tengan policías… No puede haber una policía en cada uno de los transportes públicos porque no sólo es el metro. Tenemos trabajada una app para que todas las mujeres puedan emitir una señal y direccionarse al C5, para que se localice el transporte y haya una atención municipal”, agregó.

Como se ha vuelto una tradición, al finalizar la sesión solemne sólo la bancade de Movimiento Ciudadano arropó a los funcionarios con la fotografía oficial. La oposición y varios legisladores de la 4T han ligado desaires conforme a las comparecencias semanales.

 El obradorismo duro no quiere ubicar la revocación de mandato de Claudia Sheinbaum en las elecciones intermedias del 2027. Así lo habría compartido Andy López Beltrán a su entorno más cercano. Tiene lógica porque, en su aspiración presidencial, 2028, como es originalmente, le daría la posibilidad de ganar terreno frente a los planes sucesorios de Palacio, especialmente si el resultado en las elecciones de medio termino no fuera el ideal.

Para el secretario de Organización de Morena, el entorno presidencial pretende, en el 2027, sumar gobernadores propios y revalidar a Sheinbaum en las casillas, de modo de que luego disputarle centralidad se vuelta imposible. Así se lo comentó Daniel Asaf a algunos compañeros de bancada en San Lázaro.

Ramírez Cuellar, por su parte, no cree tanto en la viabilidad del cambio de fecha, sino que utilizaría la iniciativa para poder observar cuáles son los aliados de Palacio y quienes, de momento, prefieren ser esquivos.

No por nada este miércoles compañeros de su bancada le consultaron quién querría debatir realmente la revocación y Ramírez Cuellar respondió que la tensión, desde ya, está al interior del oficialismo.

Todo esto sucede con un trasfondo agitado, en el cual en el Gobierno hay quejas por el manejo de la crisis de Michoacán, especialmente con la comunicación del general Ricardo Trevilla que primero admitió que a Carlos Manzo lo cuidaba la Guardia Nacional y ayer martes llegó al punto de decir que el operativo no había fallado.

Michoacán se ha convertido en un punto crítico para el oficialismo porque jugar a fondo contra el narcotráfico implica golpear a aliados de López Obrador, una dicotomía recurrente que ahora adquiera, en la discusión sobre revocación, una nueva temporalidad hacia futuro, donde lo que se discute ya no es el sexenio anterior sino el 2030.

Luego de las declaraciones de la gobernadora Victoria Rodríguez, ahora el subgobernador Omar Mejía reforzó la señal de que no ha terminado el ciclo de recortes a la tasa de interés por Banco de México (Banxico), tras el recorte en 25 puntos base este noviembre.

En una entrevista para el podcast de Banorte publicada este miércoles, el funcionario consideró que “la fase en este ciclo de recorte seguirá bajo un enfoque gradual”. Sus palabras confirman la expectativa del consenso del mercado que prevén otro recorte de 25 puntos base para diciembre, con lo que la tasa de interés cerrará el año en 7%.

En ese sentido, también justificó que la tasa de interés aún se encuentra en un nivel restrictivo, es decir, estima que va a seguir teniendo efectos a la baja para la inflación. El comentario toma relevancia pues algunos analistas han alertado que con el ciclo de recortes el banco central se está acercando a una tasa neutral, con lo que los ajustes ya no tendrían efectos en los precios al consumidor.

No obstante, Mejía recordó que la tasa neutral estimada por el banco central es de 2.7%. En lo que va del año, el banco central realizó cuatro recortes en 50 puntos base y tres en 25 puntos.

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Días antes, Rodríguez Ceja también declaró en una entrevista que veía “altamente probable un recorte de la misma magnitud en diciembre”, dijo que el movimiento no generaría ninguna sorpresa para el mercado, que ya lo descuenta en sus proyecciones.

Por otro lado, el subgobernador Mejía también defendió el pronóstico del banco central de que la inflación se ubicará en 3% para el cierre del año, basado en tres factores -además de la propia política monetaria-: la normalización de la producción en el campo, la fortaleza del peso y la atonía de la economía.

Si bien estima que para 2024 la economía se recuperará, consideró que esta será moderada, impulsada principalmente por la manufactura en Estados Unidos y también cierta recuperación en la inversión, así como un consumo interno.

El subgobernador señaló que una de las presiones más fuertes para la inflación proviene del componente subyacente, en particular de las mercancías y los servicios y resaltó que, para ambos casos, el factor de alimentos es el que mayores presiones genera por la parte de productos precederos.

En ese sentido, señaló que se prevé que en adelante las condiciones de la producción se normalicen y sea “un elemento que juegue a favor de un comportamiento más moderado de la inflación de los servicios alimenticios, que es la que ha mostrado mayor persistencia”. 

El precio de los alimentos volvió a crecer por encima de la inflación general en México. En octubre, el valor de la canasta alimentaria aumentó 4.3% en las zonas urbanas y 2.9% en las rurales, de acuerdo con el reporte de Líneas de Pobreza que publicó el INEGI. 

El dato urbano superó a la inflación general anual, que fue de 3.6 %, lo que muestra que los alimentos suben más rápido que el promedio de los precios. En el medio rural, en cambio, el incremento de la canasta alimentaria se mantuvo por debajo del nivel general de precios.

Entre los productos que más incidieron en el aumento están los alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar, el bistec de res y la leche pasteurizada. Comer fuera de casa encareció 7.5% y aportó más de la mitad del aumento total, tanto en zonas rurales como urbanas. El precio de la carne de res subió cerca de 19%, mientras que la leche aumentó 8.6%. En el campo también pesaron la carne molida y los productos de res, mientras que en las ciudades el alza de la leche tuvo un mayor efecto.

Creció la pobreza laboral en el segundo trimestre

En términos nominales,

el monto mínimo mensual que una persona necesita para cubrir solo sus necesidades de comida se ubicó en 1,844 pesos por persona en el ámbito rural y 2,450 pesos en el urbano. 

Si se incluye la canasta no alimentaria -que considera otros bienes y servicios como vivienda, transporte, educación y cuidados personales-, el valor total de la línea de pobreza por ingresos ascendió a 3,411 pesos en el ámbito rural y 4,759 pesos en el urbano.

 Entre los productos que más incidieron en el aumento están los alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar, el bistec de res y la leche pasteurizada 

El INEGI explicó que los alimentos tuvieron la mayor incidencia en el cambio anual de las líneas de pobreza, con una contribución de 50.6% en el medio rural y de 59.9% en el urbano. En las zonas urbanas también influyeron los gastos en educación, cultura, recreación y vivienda, aunque en menor medida.

Con esta actualización, el instituto retoma la publicación mensual de las líneas de pobreza, una tarea que hasta marzo de este año realizaba el Coneval. El indicador refleja el efecto de los precios sobre el poder adquisitivo y permite dimensionar cuánto cuesta, cada mes, garantizar una alimentación suficiente en México.