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Con alta expectativa el secretario de Gobierno, Miguel Flores Serna, anunció que el próximo 13 de noviembre se reunirá con la oposición para negociar los puntos claves del Presupuesto 2026. Lo más trascendental en la reunión será la ampliación de deuda para el Ejecutivo, así como cobros adeudados a municipios y el incremento de participaciones.

Según pudo conocer LPO, el tema central será el adeudo que tiene el gobierno estatal con los municipios de oposición mediante el Fondo Municipal (FODEMUN). Se trata de recursos extras a las participaciones federales aún adeudados desde el 2023 y 2024. Desde el Frente deslizan: “No podemos avanzar si no nos cumplen lo que prometieron antes”.

En otro sector municipalista, allegado a la 4T, creen que estos recursos se liberarán a final de año y la retención sólo se trata de una estrategia de Flores Serna para tener más aristas de negociación en las mesas de arena por el Paquete Fiscal 2026.

Además, los municipios metropolitanos de oposición exigieron al Ejecutivo un incremento de participación del 20% al 30%, un tópico recurrente desde que existieron diferencias en las negociaciones presupuestales. Por su parte, el PRI-PAN presiona con complicar las cuentas públicas de MC mediante la ASE; cabe recordar que la dependencia aliada al albiazul ya entregó los reportes al Congreso.

En Palacio de Cantera apuntan a otra deuda considerable, argumentando la llegada del Mundial 2026, así como la continuación de las obras del Metro y otras carreteras. Legisladores de oposición aseguran que las negociaciones iniciarán por 15,000 millones de financiamiento, algo exorbitante que no planean aprobar.

La negociación se reduciría a un endeudamiento similar al del año pasado que roce entre los 7,000 y 10,000 millones de pesos. Esto si las condiciones del Frente PRI-PAN son consideradas; cabe recordar que ahora la oposición sostiene los votos suficientes para aprobar o rechazar cualquier proyecto presupuestal en el legislativo.

Mientras tanto, en Morena también están notificados de que el Ejecutivo pondrá en el centro de la negociación un endeudamiento considerable. Un sector de la 4T duda en aprobar dicho financiamiento, ya que en Hacienda no ven con buenos ojos que Nuevo León sea el estado más endeudado del país aún y cuando ha recibido gran cantidad de recursos para obras magnas desde la federación.

Otro punto clave en la negociación es la reforma electoral. El PRI-PAN espera se pueda agilizar en diciembre y tener la certeza de que su mayor proyecto, Adrián de la Garza, pueda participar rumbo al 2027 sin candados de género. El gobernador, Samuel García, insiste en que este tópico no se desahogará hasta que se ejecute a nivel federal, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum logre su reforma electoral cerca de febrero o marzo.

 Tras meses de cabildeos y en medio de una visible fractura interna, la sucesión de Francisco Cervantes está en vías de resolverse: José Medina Mora logró el respaldo unánime de las organizaciones que conforman al Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

En el marco del periodo de inscripción de candidatos para la presidencia del organismo empresarial, Medina Mora figura como candidato único y con el respaldo de los máximos líderes empresariales, aunque aún se prevé un proceso de revisión interna para oficializar el nombramiento en diciembre.

El triunfo del ex presidente de Coparmex y actual vicepresidente del CCE significa un revés para Cervantes, que, a pesar de retener el mandato por dos periodos consecutivos, no logró imponer a su candidata, Sofía Belmar.

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Como relató LPO, la candidatura de la actual titular de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) no obtuvo el respaldo del empresariado, un punto clave en contra fue la revisión del T-MEC: para los empresarios no tenía el perfil necesario para esta negociación.

La otra carta de Cervantes -y, hay que decir para ambos casos, también del magnate Carlos Slim- era Julio Carranza, el extitular de la Asociación de Bancos de México (ABM), pero en su caso tampoco consiguió el respaldo del sector bancario.

En la contienda también buscó competir Juan Cortina, ex titular del Consejo Nacional Agropecuario (CNA). Para un sector del empresariado era idóneo en términos de negociación comercial con Estados Unidos al ser uno de los sectores más importantes en la relación bilateral, sin embargo, al final declinó a favor de Medina Mora.

En contraparte, el extitular de Coparmex consiguió el apoyo del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), de Antonio del Valle, y del grupo de Monterrey, que jugó muy fuerte a su favor.

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Bajo este panorama, los empresarios parecen apostar esta vez por un perfil más crítico de lo que fueron el mismo Cervantes y su antecesor, Carlos Salazar hacia Palacio Nacional.

Y es que que durante su gestión en Coparmex, Medina Mora tuvo una postura confrontativa, en particular en lo que refiere a las reformas al marco constitucional, un episodio que también le valió críticas a Cervantes por no haber asumido una postura más frontal. 

La dirigencia nacional de Morena instaló el pasado viernes un Consejo Consultivo Nacional, una propuesta original de Andrés Manuel López Obrador presentada en enero de 2011. Se trata de un órgano que guará en la toma de decisiones de la dirigencia, así como para la militancia y las autoridades emanadas del partido obradorista más importante del país.

Al encuentro en el Polyforum Siqueiros de la Ciudad de México, asistieron un total de 76 personas; entre ellos, militantes de la izquierda histórica como Epigmenio Ibarra y Armando Bartra, y escritores obradoristas como Elena Poniatowska y Paco Ignacio Taibo II.

También acompañaron a la dirigencia de Morena familiares de la presidenta Luisa María Alcalde: su madre Bertha Luján Uranga y su padre Arturo Alcalde Justiniani. Además de funcionarios federales en funciones de la talla de Alejandro Encinas, Jesús Ramírez Cuevas, José Alfonso Suárez del Real, la secretaria Citlalli Hernández y Elvira Concheiro.

Los antes nombrados y el resto de los 76 consultores nacionales morenistas, en su mayoría, integraron desde la fundación del partido posiciones de mando y son cercanos a las diferentes organizaciones contra lo que el obradorismo llamó “el régimen neoliberal”.

Por eso llamó la atención la asistencia de la empresaria Paty Armendáriz. La diputada federal de Morena ocupó la vicepresidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) durante la crisis bancaria de 1994-1995. Aquella institución fue clave en la supervisión de los bancos que posteriormente fueron rescatados mediante el Fobaproa.

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El Fobaproa fue ampliamente criticado por el propio AMLO, tema al que dedicó más de un libro. La participación de Armendáriz Guerra la vincula directamente con el modelo que impulsó el rescate financiero de los banqueros, al menos eso se recordó entre rumores en el Polyforum Siqueiros. Pese a ello, la empresaria chiapaneca se presenta como defensora del pueblo.

“Formó parte de las decisiones que llevaron al endeudamiento histórico que aún pagan los mexicanos”, reveló a LPO uno de los participantes en la mesa. “La incongruencia es evidente: ayudó a justificar el mayor traslado de deuda privada a la nación, pero hoy busca capitalizar un movimiento que nació precisamente para romper con esas prácticas”.

En respuesta, Alcalde Luján recordó a su círculo más cercano las palabras del propio López Obrador: “Morena es un espacio abierto, plural e incluyente; ahí radica su riqueza”. Y puntualizó que fue el expresidente quien invitó a la chiapaneca a su movimiento. Incluso, además de Patricia Armendáriz, en el Polyforum se encontraba Miguel Torruco Marqués, otro polémico empresario que llegó a la 4T por conducto de AMLO.

Los históricos obradoristas respondieron que no se oponen a la participación de Paty Armendáriz y Miguel Torruco Marqués como simpatizantes, pero insisten en cuestionar su participación en el Consejo que guiará la conducta de los integrantes de Morena, un lugar donde no deberían personajes con un pasado cuestionable. Los Puros como cadeneros.

En las elecciones del 2027, la Ciudad de México promete ser uno de los escenarios más importantes del país. No solo por ser la capital, sino por el choque de equipos que podría suceder como antesala del gran plato de 2030. Por ello, distintas figuras ya trabajan para comenzar a ganar terreno al interior de la 4T. Una de ellas, por ejemplo, es el actual subsecretario de Seguridad federal, José Luis Rodríguez Díaz de León, quien lidera mítines para promocionar a la figura de Omar García Harfuch en distintas demarcaciones.

Distintas fuentes del partido guinda de la CDMX le aseguraron a esta redacción que, durante los últimos fines de semana, el subsecretario de Política Criminal de la Secretaría de Seguridad lideró encuentros vecinales junto a distintas personalidades de la 4T para promocionar los logros alcanzados por la dependencia que conduce Harfuch en la lucha contra la extorsión, uno de los tópicos más difundidos por dicha oficina.

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Sin embargo, según estas mismas fuentes capitalinas, en dichos encuentros vecinales algunos liderazgos de la 4T se encargaron de promocionar a la figura del propio Omar García Harfuch con objetivos políticos y electorales de cara a las elecciones de 2027 y 2030. De esta manera, se podría revivir el conflicto que existió entre los sectores que promocionaron al ahora secretario de Seguridad como candidato a jefe de Gobierno y la finalmente ganadora de dicha disputa, Clara Brugada.

Como relató LPO, durante los últimos meses el equipo político cercano al ahora secretario inició una serie de trabajos políticos de cara al 2027 y el 2030. Esto estuvo acompañado, además, de los nombramientos de sus armadores políticos en posiciones federales, como el propio Rodríguez Díaz de León o el ahora comisionado nacional de Acuacultura y Pesca, Rigoberto Salgado. Según pudo saber LPO, los sectores que todavía le responden buscarían ganar terreno en los próximos comicios y avisan: “Ya aguantamos una vez”.

El subsecretario de Seguridad José Luis Rodríguez Díaz de León durante uno de los mítines en favor de Omar García Harfuch.

En este contexto, durante los últimos meses el propio Harfuch ya mantuvo algunas reuniones con figuras de la CDMX. Entre ellas, por ejemplo, el diputado local por Tlalpan que aspira a gobernar la alcaldía Pedro Haces o el presidente de la mesa directiva del Palacio de Donceles, Jesús Sesma, dos hombres que lo apoyaron el año pasado. En este contexto, en la 4T advierten que las casualidades no existen y que los movimientos se podrían acelerar en los próximos meses. 

Una de las dudas que todavía persisten, por ejemplo, pasa por determinar si dichas jugadas, que durante los últimos fines de semana incluyeron reuniones vecinales en las alcaldías de La Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, cuentan con la promoción personal del propio Harfuch o, por ahora, sucederían de manera más individual y personal de cada uno de sus operadores. De todas maneras, si su equipo comienza a jugar con fuerza en la CDMX se podría revivir la interna del 2024 en el 2027 y 2030 con consecuencias desconocidas para la 4T.  

Los aranceles que el gobierno federal impuso a las importaciones de azúcar podrían generar nuevas presiones inflacionarias, advirtió la economista Gabriela Siller, directora de Análisis Económico en Banco Base. La medida fue publicada ayer en el Diario Oficial de la Federación mediante un decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que eleva los aranceles de importación hasta 156% para la mayoría de las fracciones arancelarias de azúcar, cacao y jarabes aromatizados, y hasta 210% para el azúcar líquida refinada y el azúcar invertido.

El decreto señala que la decisión busca “implementar los mecanismos necesarios que generen estabilidad en los sectores de la industria nacional y que permitan eliminar distorsiones en el comercio” y atender la “situación de sobreoferta de azúcar en el mercado nacional”, que estaría poniendo en riesgo la rentabilidad de la agroindustria cañera.  Hasta este martes, el gobierno imponía aranceles de US$0,36 por kilogramo a algunas importaciones de azúcar.

Según el texto, la medida cumple con los compromisos de México ante la Organización Mundial del Comercio y con la Ley de Comercio Exterior, lo que se interpreta que el arancel no se extenderá a naciones con las que México tiene tratados comerciales, como Estados Unidos y Canadá. 

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De acuerdo con los cálculos de Gabriela Siller, analista del Grupo Financiero Base, entre enero y septiembre México importó 131.1 millones de dólares en productos azucarados incluidos en este decreto, lo que representa apenas 0.027% del total de importaciones del país. Si se anualiza, serían unos 175 millones de dólares, de los cuales 62% proviene de América del Norte, por lo que el arancel se aplicaría solo a alrededor de 0.01% de las importaciones, equivalentes a 49.6 millones de dólares en los primeros nueve meses del año.

Aun así, Siller advirtió que “los aranceles a las importaciones de azúcar podrían generar presiones inflacionarias sobre productos con alto contenido de azúcar”, ya que se suman al aumento del impuesto a las bebidas azucaradas que prevé la Ley de Ingresos 2026. 

Los aranceles a las importaciones de azúcar podrían generar presiones inflacionarias sobre productos con alto contenido de azúcar. 

“La demanda por estos productos tiene baja sensibilidad a incrementos en su precio, lo que en economía se conoce como baja elasticidad precio de la demanda”, explicó. Eso significa que los consumidores difícilmente reducirán su consumo, por lo que el impacto se trasladará directamente a los precios.

“Ante la caída de los precios internacionales y la sobreoferta, y en apego a los compromisos internacionales de nuestro país, se actualizaron los aranceles a la importación de azúcar para defender el empleo, fortalecer la producción y el mercado nacional”, escribió la Secretaría en una publicación en X

A través de una publicación en X, el gobierno argumentó que la medida busca  defender el empleo, fortalecer la producción y el mercado nacional ” ante la caída de los precios internacionales y la sobreoferta”. 

Organizaciones del sector azucarero, que agrupan a más de 12 millones de personas, celebraron la decisión y destacaron que “se restablece la barrera arancelaria que protegió a la industria desde 1994”, la cual se había debilitado por la inflación y la volatilidad de los precios internacionales del azúcar.

 El ascenso de José Medina Mora como próximo titular del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) obedece a una sintonía muy concreta entre los principales empresarios de denominado Grupo Monterrey y el magnate Antonio Del Valle, hombre fuerte del CMN.

Según revelaron a LPO en el entorno de Del Valle, un criterio determinante fue que Carlos Slim, el empresario más grande del país y cuya fortuna es imposible de disociar del Gobierno, no podía seguir manejando la principal central empresarial a través de Francisco Cervantes. Menos con la renegociación del T-MEC en puerta.

“Esta no es una competencia, en Estados Unidos hay muchas quejas de empresarios y políticos por el papel de Slim en los negocios con el Gobierno, tenerlo al frente del CCE no era una jugada conveniente”, explica un empresario al tanto de las negociaciones que dieron por resultado que Medina Mora se encamine a una candidatura de unidad.

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El animo hacia Slim en Washington no es bueno y ya quedó en evidencia en enero cuando buscó acercarse a Donald Trump, acompañado por Cervantes, sin chance alguna. Y es que, mientras públicamente los empresarios estadounidenses hablan del papel preponderante de CFE y Pemex en la energía, por lo bajo el nombre que más mencionan es el de Slim.

En Estados Unidos hay muchas quejas de empresarios y políticos por el papel de Slim en los negocios con el Gobierno, tenerlo al frente del CCE no era una jugada conveniente.

Del Valle inicialmente tenía mayor preferencia por Juan Cortina, pero, finalmente, los industriales del norte lo convencieron de suscribir la opción de Medina Mora, que tiene mejor diálogo con diversos actores del gabinete de Claudia Sheinbaum.

El empresario Antonio Del Valle en Palacio Nacional durante la presentación del primer informe de Claudia Sheinbaum.

La presidenta quedó, en esta elección, en un punto medio. Según mencionan en las centrales empresarias, rechazaba -por recomendación de Altagracia Gómez-, a Cortina mientras que elogiaba tanto las posibilidades de Sofía Belmar como así también Arturo Carranza. Medina Mora asomaba, así como la opción intermedia que terminó por imponerse.

A nivel de política interna, Del Valle venía diciendo desde marzo que los empresarios habían apoyado mucho a Sheinbaum, especialmente con las cuestiones migratorias frente a Trump, pero que a ellos no se los había escuchado en ningún aspecto de la administración, sumado, desde ya, a la reforma judicial. Esta idea, con ciertos matices, también pesó mucho al momento de descartar a los candidatos impulsados por Cervantes y Slim.

En momentos en los que el Congreso capitalino se prepara para comenzar a tratar el presupuesto económico para el 2026, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, busca intervenir en las discusiones al demandar más recursos para la capital de la capital. En este sentido, adelantó que presentará una serie de propuestas para que parte del predial y el pago del agua se destine directamente a las alcaldías para fortalecer sus capacidades de inversión y mantenimiento urbano.

En un nuevo acto que lideró en el marco de la presentación de su primer informe de gobierno, la edil sostuvo que “Cuauhtémoc aporta más de tres mil millones de pesos al año en impuesto predial y contribuciones por agua, luz, parquímetros y licencias”, pero denunció que “ese dinero no se ve reflejado en nuestras calles, parques y luminarias”. “Lo justo es que los recursos regresen a donde se generan”, remarcó.

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“La descentralización real comienza cuando se confía en los gobiernos locales y se les da lo que por ley y por justicia les corresponde. Vamos a defender cada peso para que se convierta en obras, servicios y bienestar para la gente”, enfatizó y agregó: “Cuauhtémoc produce, aporta y hoy exige lo que merece. Vamos a seguir alzando la voz por un presupuesto justo porque el cambio de verdad también se construye con responsabilidad”.

De esta manera, las demandas de la alcaldesa podrían tensionar las discusiones que recién empiezan en el Palacio de Donceles alrededor del presupuesto del año que viene, que el gobierno central tiene tiempo a presentar hasta el 30 de noviembre y que se espera que se apruebe, según pudo saber LPO, a mediados de diciembre.

Cuauhtémoc produce, aporta y hoy exige lo que merece

La presidenta de la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Valentina Batres, adelantó que a partir del 18 de noviembre las autoridades de las 16 alcaldías comparecerán ante el Poder Legislativo para conocer el destino de los recursos públicos ya utilizados y las demandas económicas hacia el año que viene. Además, entre el 1 y el 5 de diciembre harán lo propio las autoridades de los órganos autónomos, como el Tribunal Electoral, la Fiscalía General de Justicia, el Instituto Electoral y la Comisión de Derechos Humanos.

“Queremos saber cómo han gastado las alcaldías, para tener un análisis más robusto sobre cómo orientar los recursos en cada demarcación”, explicó la diputada, quien adelantó que el oficialismo buscará aprobar el proyecto liderado por el secretario de Finanzas, Juan Pablo de Botton, hacia el 15 de diciembre. Asimismo, confirmó que el mismo perseguirá tres objetivos principales: construir tres líneas de Cablebús, mejorar las líneas del Metro y avanzar con las primeras Utopías.

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A pesar de que el oficialismo cuenta con los votos necesarios para aprobar el presupuesto sin mayores sobresaltos, las demandas de la alcaldesa amenazan con generar una nueva tensión en el Palacio de Donceles entre Morena y la oposición por el destino de los fondos públicos en un año que será preelectoral, es decir, cuando las distintas autoridades busquen mejorar sus funciones para llegar de la mejor manera posible a las elecciones de 2027.

Ricardo Anaya, coordinador de la PAN en el Senado de la República, acusó que la propuesta para adelantar la consulta de revocación de mandato presidencial a 2027 en lugar de 2028, obedece al “miedo y pánico” del oficialismo ante la pérdida de apoyo ciudadano.

En ese sentido, retó al partido en el gobierno a que aparezca en la boleta la presidenta Claudia Sheinbaum, pero que también se incluya a mandatarios estatales. “Que se agregue a los gobernadores en la boleta para revocarles el mandato a todos esos que tienen vínculos con el crimen organizado”, dijo Anaya Cortés.

“¿Quieren hacer esta jugada de poner a la Presidenta en la boleta en 2027? No les tenemos miedo”, agregó el senador del PAN, agregando que cree que Claudia Sheinbaum puede perder por la caída de su popularidad ante hechos de violencia recientes.

“¿La quieren poner en la boleta? ¡Que la pongan! Nada más que el que se lleva se aguanta, porque si la ponen en la boleta, lo que va a pasar es que se le va a revocar el mandato con el voto de la oposición y de muchos morenistas que la van traicionar”, agregó el panista.

Y agregó: “Lo que muchos quieren es que justamente ella vaya a la boleta para ellos, sobre todo los gobernadores, tener el control en esa elección, poder amenazar a la presidenta”.

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Aseguró que la oposición no teme a dicha posibilidad y está dispuesta a “doblar la apuesta”. Y pidió que, en caso de que la ciudadanía revoque el mandato presidencial, no sea el Congreso quien designe al sustituto.

“Si se le revoca el mandato, vamos a una elección constitucional y que vote la gente. No queremos que el Congreso ponga al sucesor, porque entonces el plan ya lo veríamos muy claro: quieren quitar a la presidenta para poner, por ejemplo, al hijo de López Obrador”, dijo.

Nos quieren vender el #PlanMichoacán como una estrategia de seguridad. En realidad, es una suma de mentiras: dinero reciclado, cifras maquilladas y pactos con el crimen. México merece soluciones, no propaganda. pic.twitter.com/3W8CZ9MZwJ

— RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) November 11, 2025

 Durante la conferencia matutina de este miércoles, el gobierno expuso a 13 casinos que fueron clausurados tras detectarse actividades de lavado de dinero. Claudia Sheinbaum defendió que hay sustento jurídico para estas acciones.

Desde Palacio Nacional, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch explicó que tras una investigación que inició meses atrás se suspendieron temporalmente y bloquearon estos casinos, así como las cuentas bancarias vinculadas a las operaciones irregulares.

Eso tras detectar patrones en casinos físicos y digitales con operaciones en efectivo y simulación fiscal, con transacciones a países como Rumanía, Suiza, Estados Unidos, Malta y Emiratos Árabes Unidos.

De acuerdo con la procuradora fiscal, Grisel Galeano, operaban a través del uso de grandes sumas de dinero efectivo, redes que movían estos recursos provenientes del extranjero y operaciones para ocultarlo.

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Aunque los nombres de los casinos involucrados no fueron detallados, ayer el propio Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego, reveló que dos de ellos les pertenecen, por lo que cuestionaron la acción.

Cuestionada al respecto por la prensa, Sheinbaum descartó que hubiera algún trasfondo político en eso: “todas las indagatorias cuentan con respaldo jurídico y pruebas sólidas”, defendió.

No fue el único cuestionamiento que se le hizo esta mañana a la presidenta sobre las empresas de Salinas Pliego, pues desde su televisora también se han hecho reproches por recientes inspecciones desde la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. En ese sentido dijo que “son revisiones rutinarias que se hacen a cualquier empresa para garantizar derechos laborales”.