Una empresa cercana al Gobierno español va por el negocio de las credenciales del INE
El INE puso en marcha la licitación para el negocio del año, en un contexto de obra pública frenada y con Pemex y CFE avanzando lentamente. Se trata de la impresión de más de 94 millones de credenciales hasta 2031, un contrato de 4,000 millones de pesos, equivalente a la tercera parte del presupuesto total del Instituto.
Hoy ese trabajo lo tiene la alemana Veridos, pero la presentación de las condiciones abrió la puerta a nuevos competidores.
Entre ellos aparece la española Indra, una compañía prácticamente controlada por el gobierno español, después de que en 2022 la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) -el holding público con el que el gobierno español controla empresas estratégicas- desplazara a cinco consejeros independientes y se quedara con el control total del consejo de administración. Desde entonces, la firma quedó bajo el foco político y judicial en España, por su participación en proyectos vinculados a Begoña Gómez, esposa del presidente.
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En su accionariado participa además el fondo Amber Capital, que controla el grupo Prisa, editor de El País, un medio con una cobertura condescendiente con la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum. También es una compañía que mantiene una relación histórica con Carlos Slim, a quien le instaló sistemas de gestión de tráfico y peaje en autopistas operadas por IDEAL hace una década.
La presencia de Indra coincide con un clima de tensión dentro del propio INE. Una de sus consejeras, Carla Humphrey, dijo a Reforma que hay preocupación por las condiciones de esta licitación, con retrasos de casi tres meses y cambios en las condiciones.
Veridos, la actual proveedora, también cuestionó el procedimiento. En la Junta de Aclaraciones reclamó que el INE redujo la experiencia mínima requerida: antes se pedían contratos de más de 2 millones de documentos anuales y ahora sólo 200,000. Según la empresa, este cambio beneficia a compañías con contratos más pequeños y sin experiencia en proyectos de gran escala. También criticó que se otorguen puntos extra a quienes tengan planta en México, pese a tratarse de una licitación internacional, y que se exija una certificación orientada a imprentas nacionales y casas de moneda.
