La otra cara del maíz barato
El bloqueo nacional de productores agropecuarios y transportistas de esta semana dejó en evidencia quiénes son los perdedores con la caída del precio internacional del maíz. Sin embargo, el maíz pasa por varias manos antes de convertirse en tortilla, alimento balanceado o botanas. Y en esa ruta aparecen los pocos actores que más aprovechan el precio bajo.
El principal grupo es el de las grandes harineras. En el país operan pocas de escala nacional, como Gruma, Limaza o Grupo Minsa- esta última con una mención especial ya que su presidenta es Altagracia Gómez, enlace entre Claudia Sheinbaum y el sector empresarial-.
Lo mismo ocurre con las compañías de botanas y con los grupos pecuarios que elaboran alimento para pollo y ganado, entre ellos Bachoco y SuKarne, además de comercializadoras globales como Cargill o ADM.
Para todos ellos, el maíz es un insumo central y un precio más bajo significa una reducción directa en sus costos. Los productores los culpan de usar su poder de mercado para negociar condiciones y manipular precios: ofrecen pagos por debajo de los costos de producción y priorizan compras en Estados Unidos, en vez del producto nacional. Para el resto de la cadena, especialmente los productores medianos y pequeños, la capacidad de negociación es mucho menor.
Los números dejan en claro la situación del campo: con una tonelada que ronda los 5,000 pesos, el productor no alcanza a cubrir los costos de entre 4,000 y 4,500 pesos por hectárea. Así lo explica Rodolfo Ostolaza, subdirector de estudios económicos de Banamex, quien recuerda que “el productor necesita más de diez toneladas por hectárea para salir ganando con esos resultados”.
Para Ostolaza, los más beneficiados del precio bajo deberían ser los consumidores: “La lógica indicaría que el precio de las tortillas debería bajar, y no sucede. Entonces si no son los consumidores ni los productores, quedan los intermediarios y las grandes empresas”.
Y advierte que detrás de este desajuste hay un riesgo más profundo para el país: “México depende de maíz, frijol y chile. No se trata de seguir abandonando el campo”.
El director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, Juan Carlos Anaya, disiente con esta postura: “No corresponde hablar de ganadores y perdedores, sino que la propia estructura de la demanda explica cómo se reparte el mercado”.
“El país consume 47.7 millones de toneladas al año entre uso humano, pecuario e industrial. De ese total, solo 3.37 millones corresponden a las harineras, como Gruma, Grupo Minsa y Limaza, es solo el 6% de la demanda”, justifica Anaya. Más de diez millones de toneladas pasan por los molinos de nixtamal, con once mil establecimientos que muelen el grano y unas cien mil tortillerías que compran maíz o masa. El sector pecuario concentra más de 22 millones de toneladas.
El bloqueo ya se levantó, pero la discusión de fondo sigue abierta. El productor reclama que el precio actual no cubre sus costos; la industria defiende que opera dentro de un mercado globalizado que define los valores del grano; y entre ambos queda un sistema que reparte de manera desigual los efectos de la baja.
