Luego de que el Gobierno del Estado recurriría a la reconducción presupuestal para este año, el Poder Judicial de Nuevo León y la Fiscalía General de Justicia del Estado advirtieron que están en riesgo planes y proyectos que consideran prioritarios para ambos organismos.
Mediante un comunicado emitido por ambas instituciones de impartición de justicia, precisan que utilizar presupuestos similares a años anteriores les perjudicará.
Señalan que proyectos como el nuevo Centro de Justicia para la Mujer, la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la creación y reestructuración de los Centros de Convivencia del Estado, y el fortalecimiento del Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía General de Justicia y preparación de nuevos policías investigadores, entre otros, se encuentran en riesgo de no realizarse por no contar para 2026 con recursos suficientes.
“Al iniciar el año 2026, ambas instituciones enfrentan nuevamente un escenario de incertidumbre presupuestal, lo que nos obliga a tomar decisiones estrictas para garantizar que el acceso a la justicia no sea minado. La falta de recursos públicos derivada de dicha incertidumbre, obstaculiza el desarrollo de proyectos prioritarios”.
“En consecuencia, la ausencia de un presupuesto para el ejercicio 2026 basado en la planeación institucional de la Fiscalía General de Justicia y del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, obstaculiza la proyección de una mejora continua para lograr una operación más eficiente y priva a ambas instituciones del desarrollo de proyectos orientados a beneficiar a la ciudadanía en el acceso a la procuración e impartición de justicia”, cita el comunicado.
Aún en un contexto de reconducción presupuestal de los años previos, la procuración e impartición de justicia en Nuevo León no han disminuido sus índices de eficiencia, y señalan que los resultados lo confirman, ya que presumen, que de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2025 Nuevo León obtuvo las siguientes posiciones a nivel nacional: Cuarto Estado que mayor cantidad de sentencias públicas; tercer Estado con mayor cantidad de juicios determinados y concluidos y en materia penal, es el Estado con mayor cantidad de causas penales determinadas o concluidas.
